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La Constitución de 1857 depositó (artículo 90) el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. Estableció que la Corte se compondría de 15 ministros y durarían seis años en su encargo. El artículo 92 agregó: “Su elección será indirecta en primer grado en los términos que establezca la Ley Electoral”. Y el 93 fue definitorio: “Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se necesita: A.- estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de los electores; ser mayor de 35 años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos”. Posteriores cambios a la Constitución le quitaron al pueblo su facultad de elegir, y se la otorgaron al presidente de la República en turno y al Senado. El primero propone, el segundo confirma. Fue así como la Corte Suprema se convirtió en la Suprema Corte. Algo podrido, dijo el presidente López Obrador. El plan C consiste –de acuerdo al proyecto de la 4T– en retomar el espíritu de la Constitución de 1857 y que la elección sea directa. Necesita ganar no sólo la presidencia de la República en 2024 sino también la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso a fin de dar a los ciudadanos la facultad plena de elegir a los ministros, sin que la chiquillería de oposición descarrile el propósito. De paso, agregaría yo, habrá que revisar la lista de los pensionados en retiro y aplicarles la misma fórmula que a los ex presidentes: mocharles el ingreso, no lo necesitan, son muy ricos. Ah, y cuentas claras en los multimillonarios fideicomisos.
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